La información, reseñó Diario de Pontevedra, fue compartida por la Fiscalía de la localidad, la cual pide que se sustituya, temporalmente, la exigencia de expulsión del país para que el venezolano sea juzgado. Del mismo modo, se pide una condena de 12 años de prisión, una medida de libertad vigilada, la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante 10 años y que la indemnice en 4.000 euros.
Además, una vez se ejecute la expulsión de España, se pide que no pueda reingresar al país por un plazo de 10 años.
Aparentemente, el ciudadano mantenía una relación sentimental con la adolescente desde julio de 2020. En septiembre de 2020, la menor habría interrumpido, de forma voluntaria la gestación.
El hombre, por su parte, mantenía una relación con una tercera persona que sí sería mayor de edad.
Fuente: Maduradas.com
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